Hace poco eran responsables de Facebook y Google, dos de las empresas más poderosas de Internet. Ayer le tocó el turno a un gobierno europeo, el griego, que abogó por poner fin al blogging anónimo, en el contexto de la crisis social, económica y política que vive el país.
Los responsables griegos han denunciando que la Red se está usando para planificar ataques contra políticos y el ministro de Justicia, Miltiadis Papaioannou, anunció una nueva ley que facilitaría la identificación de los blogueros. "No habrá más gente enmascarada en Internet", dijo en un comunicado. Pese a ser una red no controlada por nadie y de contrastados beneficios para la sociedad, ha afirmado: "En manos de unos pocos, Internet se ha convertido en una herramienta dañina para amenazar las vidas de los ciudadanos".
Considerar estas tendencias en el contexto de la capacidad de la tecnología para extender la identificabilidad online al mundo físico, resulta preocupante.
Aunque lógicamente es deber de las autoridades perseguir el delito en Internet, así como proteger a los internautas más vulnerables (p.ej. los niños), muchos temen que este tipo de propuestas y de legislaciones mermarían la libertad de expresión online, una de sus características históricas más notables.
Si ya existen mecanismos para lograr la identificación de los usuarios sospechosos de haber cometido delitos, como se demuestra todos los días en todo el mundo, a través de órdenes judiciales que exigen a los proveedores informar sobre qué persona corresponde a una determinada IP, ¿qué puede aportar una exigencia de identificar a todos los usuarios en todo momento con su nombre y apellidos? De hecho, para los menores puede suponer incluso un riesgo adicional, al aportar información que podría permitir su localización por parte de pederastas.
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